Esta ley obligará a las entidades financieras a denunciar cualquer indicio relacionado por el "lavado" de dinero negro, obligación que posteriormente podría hacerse extensiva a notarios, corredores de comercio, inmobiliarias, joyeros, casinos y otras instituciones.

Las multas a quienes protejan estas operaciones alcanzarán hasta los 50 millones de pesetas y las entidades financieras que no denuncien las actuaciones de blaqueo que conozcan podrían incluso perder la autorización para operar.

La norma impone también la obligación de conservar durante al menos cico años los documentos que acrediten la realización de operaciones, así como "no revelar ni al cliente ni a terceros que se han transmitidio informaciones" sobre sus operaciones.

Por otra parte, El Ejecutivo volverá a estudiar mañana la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aunque no es seguro que sea aprobada, de acuerdo con las fuentes gubernamentales.

La Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas (Copyme) anunció que su dirección se concentrará ante el Palacio de La Moncloa para rotestar contra la que califican de "ley de desahucio" de los comerciantes.

De otro lado, el Consejo de Ministros dará mañana el visto bueno a nueve créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), entre los que destacan la concesión de uno de 50 millones de dólares a Argelia.

Los demás países beneficiados de estos créditos "blandos" son Indonesia, Méjico, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice.