Las reticencias suscitadas entre los ciudadanos sobre la falta de respeto a la intimidad de los cuestionarios y la adecuación a la ley de determinadas preguntas, han provocado una demora en la conclusión de la operación, prevista para el pasado día 15.

Los militares nortemericanos, los gitanos y los inmigrantes ilegales han sido los colectivos con los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha encontrdo más problemas para su inclusión en el censo, según informaron a esta agencia responsables del instituto.

El personal norteamericano de la base militar de Torrejón se ha negado a su empadronamiento, por entender que le ampara el mismo estatus que al personal diplomático, al que se excluye de los censos.

En el caso de los gitanos, el problema es inverso, ya que son algunos ayuntamientos los que se resisten a censarles para eludir compromisos de realojamiento.

El retraso de los trabajos del enso ha supuesto un coste adicional de 1.500 millones de pesetas sobre los 13.631 millones iniciales, según ha reconocido el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez.

El visto bueno al censo por el Gobierno tendrá carácter de real decreto. A través de esta norma se declaran oficiales las poblaciones de derecho y de hecho resultantes del censo de población referidas al 1 de marzo de 1991 en cada uno de los municipios del Estado.

Por otra parte, el Ejecutivo aprobará mañana un real decreto porel que aprueba la norma básica de protección civil y un acuerdo por el que remite a las Cortes el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad entre España y Marruecos.