La Ley Básica de Residuos sentará las bases sobre las que las comunidades autónomas, que tienen las competencias en l gestión de residuos, deberán desarrollar la legislación en materia de basuras.

El anteproyecto del ministerio ha recibido las críticas de algunas organizaciones ecologistas, como Greenpeace, que teme que se limite a asignar a la Administración General del Estado la labor de integrar los respectivos planes autonómicos.

Greenpeace cree que en ese caso unas comunidades autónomas aprobarán una legislación menos permisiva que otras para conseguir atraer hacia su territorio a industrias contaminantes. Las organizaciones ecologistas han reclamado al ministerio que la ley promueva fundamentalmente medidas encaminadas a prevenir la generación de residuos.