Pérez afirmó que el Gobierno tiene intención de crear estos planes antes de las vacaciones del mes de aosto, y que lo único que retrasa su puesta en marcha es el informe previo del Consejo de Estado que requiere la medida.

El Gobierno se comprometió a regular los planes de ahorro popular en la Ley de Reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, aprobada en 1991.

El principal atractivo de estos nuevos productos financieros es su incentivo fiscal, superior incluso al reconocido a los fondos de inversión colectiva, al permitir que no se tribute por las plusvalías que se generen, si la inersión se ha mantenido 5 o más años.

Entre las medidas que deberá recoger el reglamento de los planes de ahorro está si podrán materiarializarse en depósitos bancarios, o si deben limitarse a los seguros y los títulos públicos, como recoge la ley del IRPF.

Tras la entrega de diplomas en la Complutense, Pedro Pérez dijo también que la previsión de crecimiento del PIB de 1992, que el Plan de Convergencia situaba en el 3 por ciento, será revisada a la baja cuando el Gobierno disponga de datos sobre a evolución del primer semestre.

El Gobierno, según el secretario de Estado, ha encargado varios informes sobre el impacto del ritmo de crecimiento económico internacional, inferior al estimado por el Ejecutivo, sobre la situación española.

Aunque dijo que esto provocará una revisión a la baja, afirmó que la cuantía de la revisión no se hará pública hasta que el Gobierno conozca el contenido de la próxima Encuesta de Población Activa (EPA), en cuya publicación, el Instituto Nacional de Estadístic lleva ya un retraso de un mes.

Respecto a las estimaciones realizadas por el Banco de España, que cifraba en un 2,5 por cien el crecimiento económico del país en 1992, Pérez dijo que el Gobierno hace sus propios análisis para decidir si rebaja la previsión de crecimiento del 3 por cien que fijó a primeros de año.