El anuncio lo ha realizado esta mañana el presidente del Gobierno, José María Aznar, ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunido para analizar la actualidad política y, en particular, la evolución de la catástrofe del "Prestige".

Según ha dicho Aznar, las meidas que incluirá el citado anteproyecto serán "plenamente compatibles con la Constitución" y se orientan a evitar supuestos de impunidad como consecuencia de la aplicación de beneficios penitenciarios pensados por el constituyente y por el legislador con una finalidad bien distinta.

Entre las medidas que se van a aprobar, figuran las siguientes:

1.- Se modificará el artículo 78 del Código Penal, de manera que los beneficios previstos en la ley sólo puedan ser aplicados sobre la totalidad del númro de años de pena impuesta.

2.- Los condenados por la comisión de delitos de sustracción y enriquecimiento con fondos públicos tendrán limitado su acceso al tercer grado si no han devuelto las cantidades sustraídas. Se establecerán medidas eficaces, tanto para vincular su patrimonio presente o futuro a la devolución de lo sustraído o la satisfacción de responsabilidades impuestas, como para evitar la ocultación de los fondos ilícitamente obtenidos.

3.- Los condenados por delitos penados con más e cinco años de prisión no podrán acceder al tercer grado hasta haber cumplido íntegra y efectivamente un "periodo de seguridad". A tal fin se modificará el artículo 36 del Código Penal.

El presidente ha hecho hincapié en que, con este proyecto, que desarrolla las medidas anunciadas el pasado 12 de septiembre en el Plan de lucha contra la delincuencia, se pone fin al hecho de que España sea uno de los países donde ser terrorista sale más barato, penalmente hablando.

Aznar ha asegurado que el proycto es resultado de un trabajo serio, detenido y riguroso encargado al Ministerio de Justicia, una vez que se puso en marcha el proceso de ilegalización de Batasuna. "Nuestra democracia madura se ha sacudido los complejos que dejaban impunes el terrorismo callejero, la exaltación del terrorismo y la humillación de las víctimas", añadió.

El jefe de Gobierno expresó "la profunda convicción de la democracia española y del Gobierno de que es preciso luchar contra el terrorismo y la criminalidad más grave esde el Estado de Derecho, sólo con el Estado de Derecho, pero con todo el Estado de Derecho".

Por último, Aznar ha manifestado que se ha elaborado una iniciativa para la que el Gobierno desea recabar el mayor grado posible de apoyo parlamentario, desde el respeto constitucional, la reflexión serena y el rigor técnico.