Antes de esa fecha, el Ejecutivo quiere dar dos pasos: por un lado, mantener un encuentro con las comunidades autónomas sobre el contenido del nuevo Estatuto, por otro, proceder a la firma del acuerdo ya alcanzado antes del verano con las dos principales asociaciones del sector, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Tras su aprobación en Consejo de Ministros, el texto del Estatuto se enviará al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social para que emitan su dictamen.

Con las sugerencias de ambos órganos en la mano, el Gobierno aprobará antes de que acabe el año el proyecto de ley para remitirlo al Parlamento.

El Estatuto del Trabajador Autónomo supone el establecimiento de un marco legal para el colectivo y el reconocimiento de una batería de nuevos derechos.

Entre ellos, la posibilidad de que los autónomos, previa cotización, perciban una cobertura social por casos de cese de actividad.

Además, queda regulada la figura del autónomo dependiente, aquel cuyos ingresos dependen casi en su totalidad de un único pagador. Estos autónomos tendrán, además, derecho a 15 días hábiles de vacaciones al año.

Las asociaciones de autónomos consideran un paso en la línea correcta este Estatuto, pero se quejan de que ha quedado descafeinado respecto a las propuestas iniciales del Ejecutivo.