Las medidas anunciadas hoy por Griñán pasan por un incremento de rentas en las empresas con problemas de empleo, la congelación de los salarios de los funcionarios y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Además, se impulsará una negociación colectiva articulada, potenciando la de carácter sectorial y de la empresa. Esta negociación dispondrá de capacidad de modificación o adaptación de normas esttales como la ordenación del salario, del tiempo de trabajo, del régimen de vacaciones y descansos y de la movilidad funcional.

También habrá cláusulas de descuelgue para que las empresas que atraviesen por dificultades puedan desvincularse de algunas de las condiciones pactadas, se suprimirán las ordenanzas laborales y se revisarán los procedimientos de despido individual, para hacer menos gravosos los costes de tramitación.

El Gobierno establecerá el fin del monopolio del Instituto Nacional de mpleo (Inem) en la intermediación, mediante la regulación de las empresas de trabajo temporal, propuesta que cuenta con la cerrada oposición de las centrales sindicales.

Además, habrá una mayor flexibilidad en la contratación y una mejor adaptación de las empresas familiares a las cambiantes condiciones de trabajo.

Griñán adelantó también que se regulará un marco específico para la pequeña empresa, que permitirá una mayor flexibilidad en la contratación, así como la puesta en marcha de un program nacional de formación profesional, en colaboración con las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y Ciencia.

El titular de Trabajo anunció, además, que estudiará medidas que disminuyan la rotación laboral y aseguró que "nos proponemos reforzar la causalidad en la contratación y simultáneamente favorecer la flexibilidad en lo que se refiere a la movilidad laboral".

El Gobierno mantendrá y reforzará los incentivos a la contratación indefinida de mayores de 45 años, jóvenes demandantes e primer empleo y mujeres reintegradas en el mercado de trabajo.

Griñán explicó que el Ejecutivo hará nueva regulación de los contratos de formación y en prácticas, a fin de ampliar hasta los 25 años la edad de quienes pueden suscribirlo, e incentivarlo con una subvención.