ETA

EL GOBIERNO ANUNCIA REFORMAS LEGALES PARA IMPEDIR QUE ANV PUEDA GOBERNAR AYUNTAMIENTOS

- Instruye al servicio jurídico para que explore las posibilidades de impedirlo con la actual legislación

MADRID
SERVIMEDIA

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy reformas legales para "impedir que representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los ayuntamientos", como sucede con ANV en el municipio guipuzcoano de Azpeitia y en otras localidades de la Comunidad Vasca y de Navarra.

Los concejales de ANV en ese Ayuntamiento, incluido el alcalde, se han negado a condenar el asesinato por ETA de su vecino, el empresario Ignacio Uria.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega trasladó "un mensaje de apoyo, cariño y solidaridad" a la familia, los amigos y los compañeros de Uria, "un ciudadano, un hombre libre asesinado por serlo".

La indignación y la rabia por su asesinato, aseguró, se acompañan "de una convicción y una certeza: los terroristas serán encontrados, detenidos, juzgados y encarcelados, siempre lo son, su futuro cierto es la cárcel, que no tengan la menor duda".

"Sencillamente son delincuentes, asesinos, que tarde o temprano pasarán muchos años en la cárcel. Y, quienes parapetados tras sus actas de cargos electos, les amparan con su ominoso silencio, deben saber que el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego", añadió.

Por ello, explicó, se han dado instrucciones al servicio jurídico del Estado para "explorar todas las posibilidades que nos brinda la ley", con la finalidad de impedir que los representantes de formaciones ilegalizadas se aprovechen de las instituciones.

"No es un asunto fácil", reconoció la vicepresidenta, y de hecho se trabaja en ello desde hace tiempo, insistió. Por ese motivo, anunció también que se promoverán "las reformas legales necesarias" para lograr ese objetivo, que representantes de ANV puedan gobernar ayuntamientos.

El objeto de estudio y de posible reforma es el artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece los requisitos para disolver un ayuntamiento, pero, apuntó la vicepresidenta, con unos criterios que han sido desarrollados en jurisprudencia por el Tribunal Constitucional y que lo hacen prácticamente imposible de aplicación en este caso.

Ese artículo prevé la posibilidad de disolver los órganos de las corporaciones locales cuando sus acuerdos o actuaciones "den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".

La clave es que esa actuación debe ser "reiterada y grave" y debe estar además adecuadamente probada. La jurisprudencia constitucional ya ha establecido que la ilegalización de una formación no comporta la de sus representantes individualmente considerados, pero el Gobierno busca evitar que puedan tener en sus manos el gobierno de la corporación.

"NINGÚN PROBLEMA" CON EL FONDO

La vicepresidenta aseguró que las iniciativas en este sentido se tomarán con el máximo consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias y con respeto escrupuloso al cumplimiento de la legalidad, pero también "con tenacidad" al impedir "que nadie pueda burlar la ley amparándose precisamente en ella".

Sobre la petición del PP para impedir que esos ayuntamientos gobernados por ANV gestionen el fondo destinado por el Gobierno a los ayuntamientos, la vicepresidenta subrayó que el Ministerio de Administraciones Públicas tendrá los mecanismos necesarios para aprobar, gestionar y supervisar los proyectos presentados por los municipios para acceder a ese fondo.

Garantizó por ello que no habrá "ningún problema" y que los ciudadanos pueden tener la seguridad de que todos los proyectos financiados con ese fondo cumplirán los criterios establecidos, crearán empleo y ningún ciudadano de bien verá conculcados sus derechos.

El Gobierno ha redoblado además su compromiso de concluir las obras de la red ferroviaria de alta velocidad conocida como "Y vasca", en las que participaba la empresa de Uria y que ya había sido saboteada por ETA, "porque eso es lo que ha decidido y quiere la sociedad vasca".

"El progreso seguirá llegando a Euskadi, la tierra de Ignacio Uria, una tierra llena de futuro, y de un futuro en libertad y libre del terrorismo", proclamó la vicepresidenta.

Subrayó a continuación que ese futuro comenzó a fraguarse para todos los españoles mañana hace treinta años, cuando se ratificó en referéndum la Constitución y que ha proporcionado los mejores años de la historia gracias a un "éxito de todos".

(SERVIMEDIA)
05 Dic 2008
CAA