El departamento dirigido por Bernat Soria indica en un comunicado que el "spam" telefónico es una práctica que ha proliferado en los dos últimos años por parte de las compañías telefónicas y consiste en llamar principalmente a los hogares para anunciar ofertas y servicios no solicitados.

"Este tipo de llamadas son insistentes, no solicitadas y tremendamente molestas para la mayoría de los consumidores, pues por regla general se producen en horas de descanso familiar (sobre todo a primera hora de la tarde y por la noche)", detalla el escrito.

Las molestias de este tipo de llamadas también se producen porque el consumidor no tiene forma de discriminarlas, al recibirse la mayoría de las veces en números fijos y sin identificar, como números privados.

Para acabar con esta práctica, Sanidad, en colaboración con los ministerios de Justicia, Economía e Industria, está trabajando en la transposición de la directiva comunitaria 2005/29, relativa a prácticas comerciales desleales.

De hecho, está previsto que se lleve próximamente al Consejo de Ministros un primer anteproyecto de ley para iniciar la tramitación de la directiva, de modo que pudiera estar incorporada al ordenamiento jurídico español antes de que finalice el año.

La transposición de esta normativa comunitaria permitirá atacar con más eficacia el "spam" telefónico, ya que se considerará como práctica comercial desleal y agresiva realizar propuestas no solicitadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.

Hasta la fecha, este tipo de prácticas no están reguladas de forma específica, a diferencia del "spam" electrónico, que está prohibido y puede perseguirse tal y como se recoge en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

Según el Gobierno, con esta iniciativa no sólo se protegerán los derechos de los consumidores, sino también a las empresas que compiten de forma legítima en el mercado y que, de forma indirecta, se ven también perjudicadas por las prácticas desleales.

En este contexto, una de las primeras acciones que va a tomar el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional de Consumo (INC), será el envío de una comunicación con carácter disuasorio a las principales operadoras de telefonía para informarles de que el "spam" telefónico vulnera los derechos de los consumidores y que dicha práctica se considerará publicidad agresiva e infracción grave o muy grave en la nueva normativa cuando exista reincidencia.

A partir de ese momento, y una vez se incorpore al ordenamiento jurídico español la directiva, desde el INC, que es el organismo encargado de velar por la defensa de los consumidores, se emprenderían acciones para solicitar el cese de esas actividades por vía judicial en caso de que las operadoras no desistan de estas prácticas de forma voluntaria.

Dichas acciones también podrán ser emprendidas, al quedar así legitimadas por la directiva, por las asociaciones de consumidores y usuarios si lo consideran necesario.