Desde 1994 la Junta de Andalucía ha invertido más de 117 millones de euros en este servicio, que trata de facilitar los trámites de regularización, trabajo y derechos de asilo de los inmigrantes.

En el programa participan diferentes colegios de abogados y el Consejo Andaluz de Abogados. Los letrados que intervienen en el servicio han recibido previamente un curso de formación en extranjería y ejercen su labor en zonas estratégicas, como aeropuertos y puertos.