La Junta de Andalucía considera que las prácticas municipales presuntamente ilícitas que se investigan en dicho proceso suponen una afectación de los intereses generales de la comunidad autónoma.

También considera que afectan a las competencias de la Administración autonómica en distintos ámbitos, como los relativos al régimen de acuerdos locales, las materias ligadas con aspectos tributarios, patrimoniales y otros de índole económica, así como las vinculadas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda.

Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Enrique Cervera, mostró en rueda de prensa la disposición de la Administración autonómica para "colaborar con la justicia y que se depuren todas las responsabilidades", y subrayó que corresponde al Gobierno andaluz "defender los intereses de la comunidad".