El texto procede de la anterior Legislatura, aunque, según el Ejecutivo, se han introducido determinadas mejoras "que no alteran sustancialmente su contenido".

En la elaboración de esta norma han colaborado: navieros, cámaras de comercio, transitarios y despachos especializados, entre otros agentes.

Esta nueva ley consta de 535 artículos e integra normas de derecho público y derecho privado con un triple objetivo: homogenizar el ordenamiento jurídico español con el Derecho Marítimo Internacional, proporcionar seguridad jurídica al sector y reflejar la realidad práctica actual del transporte marítimo.

El texto configura un nuevo estatuto jurídico del buque. Así, se mantiene la situación actual de doble registro: el de buques y empresas navieras adscrito al Ministerio de Fomento y el de bienes muebles, dependiente del Ministerio de Justicia. Además, por primera vez se regula el contrato de construcción naval.

Por otra parte, la regulación de los accidentes de la navegación se efectúa mediante una remisión a los convenios que regulan esta materia en los casos de abordaje, avería grave, salvamento, bienes naufragados o hundidos y responsabilidad civil por contaminación.

Finalmente, se moderniza la regulación del contrato de seguro marítimo y las especialidades procesales que conllevarán las nuevas normas de la futura Ley, como el embargo preventivo de buques o su venta forzosa.