En la actualidad sólo e permite disfrutar de estos permisos a aquellos funcionarios que se encargan directamente de la atención de un menor de 6 años o de un minusválido físico o psíquico.

Además, según la previsión del Gobierno, se establecerá un nuevo sistema de cómputo en la reducción de la jornada laboral que permitirá a cada empleado público elegir el tiempo de permiso según sus necesidades.

Por otro lado, el proyecto de ley prevé que los funcionarios civiles que desempeñen laborales en la administración militarque se han visto obligados a integrarse en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas puedan cursar baja en este régimen e integrarse en Muface.

También se da la posibilidad al personal de la Administración que presta servicios en la Unión Europea u otros organismos internacionales y que tiene la obligación de cotizar en Muface, a la vez que en el sistema de protección social del organismo al que pertenece, de suspender su afiliación a la Mutualidad General de Funcionarios Civies del Estado, de forma que no tenga que cotizar en dos mutualidades que le ofrecen una cobertura similar.

INCAPACIDAD TEMPORAL

El Gobierno quiere equiparar también el tiempo máximo de baja por incapacidad temporal de los funcionaros acogidos a Muface con las personas que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social, que cuentan con 30 meses de baja antes de que se declare su jubilación por incapacidad permanente.

En el Régimen Especial de Muface no existen en la actualidad límites explcitos para este supuesto y el Ejecutivo trata de acabar con los problemas surgidos por esta falta de concreción fijando un plazo en la Ley de Acompañamiento de dos años y medio para las bajas por incapacidad temporal de los funcionarios públicos.

Otra de las medidas incluidas en la ley se refiere al personal de la Policía Local y extinción de incendios de las comunidades autónomas y corporaciones locales, que no podrán ampliar su permanencia en el servicio activo después de los 65 años.

Según el obierno, las pecualiares exigencias físicas que se requieren para desempeñar este tipo de trabajos han motivado que se exceptúe a estos empleados públicos de la permanencia voluntaria en servicio hasta los 70 años, como ocurre con el resto del personal de la Administración.