El problema del alza de costes de producción ya se había desencadenado por efecto de las excepcionales circunstancias sociales y económicas que produjo la pandemia repercutiendo de una manera directa en la ejecución de determinados contratos de obras del sector público, fundamentalmente durante el año 2021.

Por ello, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera, que incluye medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, con el fin de resolver la situación creada hasta ese momento.

Más tarde, el conflicto bélico en Ucrania ha provocado el cese de la actividad de importantes productores de materiales de construcción. A título de ejemplo, cabe citar el caso del acero, del cual Rusia es el cuarto productor del mundo y Ucrania el décimo.

Esta situación ha agravado el problema del alza de precios provocando que muchas industrias del sector hayan optado por la paralización de su negocio al no poder asumir estos costes.

Por su parte, aquellas industrias que han mantenido su actividad se ven abocadas a incrementar los precios de suministro para paliar los costes adicionales, trayendo como consecuencia una gran inestabilidad en los precios, más allá del alza que venían sufriendo desde 2021.

Por tanto, El Gobierno ha decidido ampliar las medidas establecidas en el Real Decreto-ley 3/2022, con el fin de evitar la paralización de las obras públicas en marcha, muchas de ellas financiadas mediante los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y sujetas, por tanto, a unos estrictos plazos de ejecución.

Así, se amplía el ámbito de aplicación de los contratos a los que se reconoce la revisión excepcional de precios incluyendo los que se encuentren en alguna fase del proceso de contratación a la entrada en vigor del mismo y también a aquellos cuya licitación se produzca en un plazo de un año desde dicha entrada en vigor, salvo para el caso de las entidades del sector público que operen en sectores regulados cuyo régimen de inversiones se hubiera cerrado en los últimos 9 meses.

También se establece un periodo máximo de dos años como periodo de referencia para realizar el cálculo del reconocimiento del impacto directo y relevante del incremento de coste de los materiales en la economía del contrato y se establece la posibilidad de que, por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, se puedan determinar otros materiales, adicionales a los ya establecidos inicialmente en el Real Decreto-Ley 3/2022, cuyo incremento de coste deba tenerse también en cuenta en este cálculo.

Además, se adaptan los criterios de cálculo a las circunstancias de los nuevos contratos incluidos en el ámbito de aplicación, de modo que se aplicará la revisión excepcional de precios desde el 1 de enero de 2021 o desde la primera certificación, si ésta fuera posterior.

Adicionalmente, se determina que la fecha para definir los índices de precios representados en las fórmulas de revisión será la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad.

Por último, se amplía el ámbito temporal en el que el contratista puede presentar la revisión excepcional, en concreto, hasta que el órgano de contratación apruebe la certificación final de obras.