La norma, que incorpora al ordenamiento jurídico español parte de una directiva comunitaria de 1998, establece límites ara algunas sustancias no reguladas en disposiciones previas y adapta los límites ya establecidos para diversas sustancias, propiciando cotas más elevadas de protección de la salud.

Contempla, igualmente, exigencias adicionales en materia de autocontrol de las plantas envasadoras, así como en cuanto a la intensidad de los controles a llevar a cabo por las autoridades competentes.