La norma incorpora las novedades introducidas por las directivas comunitarias sobre organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios.

Según la nueva ley, las sociedades gestoras españolas podrán obtener un pasaporte que les permitirá abrir sucursales en otros Estados de la Unión Europea y prestar servicios de manera trasfronteriza, mientras que las sociedades gestoras europeas con pasaporte podrán establecer sucursales y prestar sus servicios en España.

Asimismo, se amplía el ámbito de actuación de las sociedades gestoras que, además de la gestión de IIC, podrán gestionar de forma individualizada las carteras, gestionar entidades de capital-riesgo, asesorar sobre inversiones financieras y custodiar y administrar participaciones de estas Instituciones.

De conformidad con lo dispuesto en la nueva normativa, las IC podrán invertir, además de en los valores "tradicionales", en depósitos en entidades de crédito, instrumentos financieros derivados negociados en mercados o no, en participaciones en otros fondos y sociedades, y, en definitiva, en cualquier otro valor o instrumento financiero.

Unicamente tendrá que dejar clara su vocación inversora (dónde piensan invertir mayoritariamente) en la documentación que se ha de proporcionar al inversor.

Además, establece que estas instituciones deberán poner a disposción de sus clientes toda la información que sea necesaria para conocer la gestión de sus inversiones.

Las sociedades gestoras tendrán la obligación de crear un departamento de atención al cliente o, bien, un defensor del cliente que atienda las quejas y reclamaciones de los partícipes. En este último caso sus decisiones serán vinculantes para la entidad.

La nueva norma refuerza las competencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), especialmente respecto de los depositarios y soiedades gestoras de las IIC. En particular, se refuerzan las responsabilidades del depositario como vigilante de la entidad que custodia los activos.

Además, se agiliza el procedimiento administrativo de autorización de IIC y de sociedades gestoras, reduciendo todos los plazos de autorización y registro administrativo. Asimismo, en el caso de que no se dicte resolución expresa en el plazo máximo establecido, se entenderá estimada la resolución por silencio positivo.

El proyecto legislativo refuera también los requisitos de honorabilidad profesional y comercial, y se extienden a todos aquellos que ejerzan cargos de dirección o administración en la sociedad, incluyendo entre ellos a los apoderados.