La ampliación de una extradición es la autorización dada por el Estado requerido, después de haber accedido a la entrega, para que el extraditado pueda ser condenado por los órganos judiciales del Estado requirente por delitos distintos a los que motivaron la solicitud de extradición y anteriores a la entrega.

En 2006, las autoridades argentinas solicitaron por primera vez la extradición de Fotea por delitos de detención ilegal y robo con fuerza. Posteriormente, se solicitó la ampliación de extradición por crímenes de lesa humanidad y el Consejo de Ministros, en enero de 2007, acordó acceder a la solicitud de ampliación de extradición.