Méndez señaló que, en ese periodo, los altos cargos de corte directamente político (desde minisros hasta directores generales y asimilados) disminuyeron de 440 a 416, mientras que los puestos de alta cualificación correspondientes a los tres niveles más altos de la Administración (del 28 al 30) se redujeron de 7.418 a 7.232.

El secretario de Estado hizo hincapié, además, en que este segundo colectivo corresponde a empleados públicos cualificados, como abogados del Estado, letrados o técnicos superiores, y que carece de sentido incluirlos entre los altos cargos políticos, como hace el Partido Poular.

Méndez opinó que la "guerra" de cifras que mantiene el PP sobre el número real de altos cargos responde únicamente al afán de "confundir a la opinión pública" y que sólo "la mala intención política" explica que no haya coincidencia a la hora de estimar el número real de estos puestos.

Recalcó que "cuando alguién dice que los funcionarios altamente cualificados de los niveles 28, 29 y 30 son altos cargos está mintiendo de una manera descarada e intenta confundir a la sociedad" y agregó que, n lo que se refiere específicamente a los altos cargos políticos, la tendencia es a la reducción.

Méndez señaló que hay que "desdramatizar" la polémica sobre los altos cargos y adujo que, por ejemplo, el 80 por ciento de los directores generales son funcionarios que ya ocupaban puestos directivos o predirectivos antes de su nombramiento.

A su juicio, los planes del Partido Popular en los que supuestamente podrían lograrse ahorros de decenas de miles de millones mediante la reducción de efectivos n la Administración son un "tremendo disparate y una gran mentira".

Para el secretario de Estado, lo único que hay detrás de esos planes es "un intento brutal de dar el camelo a la ciudadanía, que no resiste el más mínimo debate".

FUNCIONARIOS

Por otra parte, Méndez, que sustituyó recientemente en el cargo a Justo Zambrana, destacó que en España hay menos funcionarios que en otros países de nuestro entorno y que los ciudadanos aseguran en todas las encuestas que son partidarios del mantenimient de los actuales niveles de los servicios públicos.

Recalcó, no obstante, que es necesario profundizar en la "reordenación" de los efectivos de personal público para adaptarlo a los cambios sociológicos sufridos como consecuencia de la modernización de España, a la reasignación de políticas derivadas de la integración en la Unión Europea y a las transferencias de servicios a las autonomías.

A su juicio, no hay que hacer valoraciones globales sobre el número de empleados públicos, sino determinar si los funcionarios dispnibles están asignados a aquellas funciones que sabemos que en el futuro van a ser las más demandas".