La Audiencia Nacional ha iniciado esta semana el procedimiento de ejecución de dicha sentencia que concluirá con la cuantificación de las indemnizaciones a satisfacer a cada afectado. Con ello, culminará un largoproceso que comenzó hace 18 años.

El decreto-ley establece un procedimiento de pago por operaciones de tesorería que posteriormente llevará aparejada la aplicación presupuestaria de los pagos efectivamente realizados.

Por otra parte, la necesaris transparencia en una operación de esta importancia, tanto cualitativa como cuantitativa, queda atendida al obligarse al Gobierno a informar mensualmente de ella a las Cortes Generales.

Para agilizar al máximo los pagos, el Ejecutivo habilitará anticpos de tesorería que irán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado de 1999 hasta el 30 de noviembre de este año y a los del año 2000, desde el 1 de diciembre.

Además, se ha tenido en cuenta la especial complejidad que la ejecución de la sentencia presenta como consecuencia del número de afectados y de la diversidad de situaciones en que se encuentra cada uno de ellos, lo que, por otra parte, determina el diferente importe de la indemnización a abonar en cada caso.