Con esta modificación se concretan temporalmente los plazos de cada trámite, se determinan los efectos de su incumplimiento y se da transparencia a un procedimiento que agilice la actividad económica.

Asimismo, ayudará, según el Gobierno, a clarificar la corresponsabilidad de los distintos órganos administrativos y agentes que intervienen en el procedimiento.

Según informó el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, las modificaciones introducidas se centran, por un lado, en precisar las fases en las que se concretan los trámites necesarios para realizar una evaluación de impacto ambiental, y por otro lado, en reducir y adecuar el plazo para la ejecución del procedimiento. Se determina también el efecto del incumplimiento del plazo.

Esta modificación parcial de la ley no tiene carácter básico, pues únicamente se refiere al ámbito de la Administración General del Estado y no afectará a los expedientes iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, dado que aquellos se regirán por la normativa anterior.

Otra de las novedades que se introducen es que el estudio de impacto ambiental que realiza el promotor no podrá exceder de un año. Si transcurrido este plazo el órgano ambiental no ha recibido el estudio de impacto ambiental, el documento técnico y el resultado de la información pública, procederá a archivar el expediente.