Además, el Ejecutivo introduce con esta norma modificaciones legislativas en materia de protección de los españoles sin recursos económicos que retornan definitivamente a España.

De esta manera, los retornados sin recursos que no tengan derecho a recibir una pensión de jubilación, en su modalidad de no contributiva, podrán mantener el derecho a la pensión asistencial que tenían reconcida en el país donde han residido, hasta que alcancen el derecho a una prestación del sistema de Seguridad Social u otra pensión pública.

El real decreto establece que la facultad de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones de abonar parte de la pensión a favor del Centro Asistencial donde estuviera acogido el beneficiado quedará limitada a aquellos supuestos en que el mantenimiento del centro esté subvencionado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, fijándose los límites de icha retención en el 75% del importe de la pensión.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales prevé también a través de esta normativa el procedimiento necesario para agilizar, con las debidas garantías, el abono de las mensualidades devengadas y no percibidas por el fallecimiento del beneficiario, pudiendo cobrar esas cantidades alguno de sus herederos.

Entre las medidas de control de fraude en la percepción de las pensiones asistenciales, destacan la puesta en marcha de mecanismos para comproar el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a la prestación, así como declarar la obligación del interesado de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.

También se recogerá la incompatibilidad cuando la cuantía de la pensión, subsidio o prestación supere la establecida para la base de cálculo de la pensión asistencial del país donde resida el interesado.