El ministro señaló que el Gobierno decidió aprobar sin más dilación el proyecto de ley tras comprobar en la última reunión mantenida con los sindicatos el pasadolunes que el consenso era imposible.

La ley considera ilegales las huelgas que pretendan subvertir el orden constitucional o la actividad del Parlamento, las que pretendan modificar lo establecido en un convenio colectivo, las que provoquen una desorganización "grave y general" de la capacidad productiva de la empresa y las de "celo".

Los sindicatos que convoquen paros ilegales podrán ser multados con multas de hasta 500.000 pesetas, y los empresarios que incumplan sus obligaciones sobre el manteimiento de los servicios esenciales serán sancionados hasta con un millón de pesetas.

Los servicios esenciales son la sanidad e higiene pública, la defensa, seguridad y protección civil, la circulación de personas, la ordenación del tráfico, los transportes públicos y las comunicaciones.

En estos servicios, la ley faculta a los empresarios a sustituir a los huelguistas por otros trabajadores ajenos a la empresa, medida que no podrá adoptarse en actividades que no tengan el carácter de esencial. Será obligatorio presentar el preaviso de huelga en servicios esenciales con un plazo de 15 días. la fijación de los mínimos se realizará por acuerdo entre empresarios y sindicatos, y en su defecto por autorregulación sindical, aunque la última palabra la tendrá siempre la Administración.

BUSQUEDA DEL EQUILIBRIO

Martínez Noval se mostró convencido de que la ley equilibra el derecho de huelga y los de consumidores y usuarios en relación con los servicios esenciales de la comunidad. El cierre patroal se admite cuando personas o bienes estén en peligro.

El ministro dijo que, durante la tramitación parlamentaria del proyecto, habrá ocasión para debatirlo "con tiempo, con calma y en profundidad" con los grupos políticos "y con cualquier grupo social que tenga interés para ampliar el consenso social en torno a la ley".

A su juicio, la aprobación del proyecto de ley no puede considerarse como una provocación a los sindicatos, de la misma manera que el Gobierno no se ha tomado como tal el que la centrales incluyesen dicha ley entre los motivos de la huelga general, cuando todavía estaba siendo negociada.