"Pedimos sosiego, pero decimos, y volvemos a repetir: ETA tiene que dejar de matar, se tiene que disolver. Lo ha dicho el presidente muchas veces. Ese es el sentido de la resolución aprobada por el Congreso y es el mensaje único y unívoco del Gobierno", dijo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en un intento por acallar los rumores sobre intercambio de mensajes Gobierno-ETA-Batasuna justo en plena semana de bombas en Zarauz (Guipúzcoa) y Madrid.

Unos rumores acrecentados desde que el pasado miércoles, de madrugada, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlasca ordenara el ingreso en prisión del dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi, en medio de protestas de éste por su supuesta condición de "intermediario". El dirigente de Batasuna, sorprendido por lo que le estaba ocurriendo, llegó a preguntar a los fiscales del caso de las Herriko Tabernas: "pero ¿sabe Conde-Pumpido (Fiscal General del Estado) lo que estáis haciendo?

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega, que se negó a interpretar las apreciaciones de Otegi ante el juez, sí insistió en que el fiscal general del Estado tiene "autonomía completa para ejercer las actuaciones ante los tribunales". "Y ni en este caso ni en ninguno ha habido instrucción alguna de este Gobierno", añadió la portavoz para desmentir supuestas presiones políticas al fiscal para que pidiera prisión contra el dirigente¡abertzale´ tras el atentado que ETA había cometido unas horas antes en Madrid.

En cuanto a los rumores de contactos como el desvelado por el filósofo Fernando Savater, luego negado por él mismo, o la información del diario "El Correo", según la cual ETA se dirigió durante el verano pasado a José Luis Rodríguez Zapatero para proponerle dos mesas de diálogo, una sobre presos y otra de todos los partidos vascos para hablar de territorialidad y autodeterminación, la vicepresidenta primera ha vuelto a negar contactos sin más. Sin entrar en detalles por "responsabilidad".

Admitió que el Gobierno tiene información, cuya transmisión pública tiene que administrar con "prudencia" porque afecta a la seguridad del Estado y de los españoles.

"Vamos a seguir trabajando antes, ahora y después (de un supuesto contacto si se dan las condiciones) para que el Estado de Derecho siga funcionando".

"NO HAY NINGUN MENSAJERO PARA CONTACTAR CON NADIE"

"Hemos dicho en muchas ocasiones que las condiciones que establece este gobierno para explorar las vías de la paz son que ETA se disuelva, que cese el ruido de las bombas. En tanto eso no se produzca, este Gobierno no establece ningún tipo de contacto y no lo ha establecido. Por tanto, no hay ningún mensajero del Gobierno para contactar con nadie", insistió una y otra vez ante las reiteradas preguntas de los informadores.

Respecto a la posible ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, después de que éste no haya condenado el atentado de Madrid, María Teresa Fernández de la Vegareiteró que no le incumbe "analizar la concurrencia o no de elementos suficientes de juicio o prueba para analizar el inicio de una acción judicial".

Eso es competencia de la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, que son los que pueden actuar ante la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista en la Ley de Partidos, dijo.

"No es razonable que estemos todo el día especulando sobre si existen o no elementos indiciarios suficientes para proceder a una acción, que tiene que llevar a una ilegalización", señaló. No se suele hacer con otros casos y ha pedido a los ciudadanos que tengan "la absoluta tranquilidad de que este Gobierno respeta escrupulosamente la ley de Partidos Políticos (...) La Fiscalía actuará, si es que tiene que hacerlo, cuando proceda y contra quien proceda".

Por último, y en cuanto a la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el próximo 4 de junio en Madrid contra la negociación con ETA, acto apoyado por el PP, la portavoz del Gobierno estima que este Gobierno tiene en su frontispicio el respeto y la "asistencia" a las víctimas. Y, a partir de ahí, comentó, es obligatorio "hacer un llamamiento a la responsabilidad" porque el Pacto Antiterrorista "deja muy claro que no se debe instrumentalizar nada desde el punto de vista partidario".

"Creo, sinceramente, que eso es lo que la mayoría de los ciudadanos españoles esperan de los responsables políticos, teniendo siempre presente que nuestro objetivo es favorecer y ayudar a las víctimas", concluyó.