Navarro compareció ante la Comisión Mixta sobre la Unión Europea para informar del Consejo Europeo que comenzará mañana en Bruselas.

Reconoció que se trata de un Consejo "de alcance histórico en una situación muy difícil" de la Unión Europea, que debe despejar las perspectivas financieras para el periodo 2007- 2013 y comenzar a buscar salidas tras el rechazo de Francia y Holanda a la Constitución.

El Gobierno acude a ese Consejo con la idea de que no será España junto con Grecia y Portugal quienes paguen la ampliación de la Unión Europea para que "les salga gratis" a los demás estados.

La mayor pelea de España será garantizar mecanismos de transición hasta la salida de España de la recepción de los fondos de cohesión "que eviten ese shock financiero que sería políticamente inasumible".

La clave de la negociación, explicó Navarro, es el llamado "cheque británico", la devolución al Reino Unido de su contribución a la Unión Europea para comensar que apenas recibe ayuda agrícola.

Ese cheque asciende este año a 5.100 millones de euros, y España es el tercer contribuyente a ese montante, después de Francia y de Italia, con unos 800 millones de euros.

Fuentes próximas al Ejecutivo explicaron días atrás que se intenta que Gran Bretaña acepte "congelar" el monto anual del cheque durante el período 2007-2013, de modo que en lugar de haber ingresado 48.000 millones de euros al final del período, sea sólo 32.000 millones. Con los 16.000 millones liberados se satisfarían otras necesidades.

Gran parte de esa necesidades serían para España, país que se arriesga a dejar de ser perceptor neto de fondos, pero no sólo a España. Alemania y otros países contribuyentes netos como Holanda y Suecia, quieren reducir su participación a cuenta de esos 16.000 millones que dejaría de ingresar Gran Bretaña de 2007 a 2013.

Alberto Navarro sentenció hoy que si en Bruselas no se logra una reducción o, al menos, una congelación del cheque, "no habra acuerdo" sobre las perspectivas financieras.

La pretensión de España es mejorar la situación de las regiones que salgan del objetivo uno por efecto estadístico (Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla) y también de las que lo harán por sí mismas (Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana).

Para todo ello, España considera insuficiente la propuesta de la Presidencia luxenburguesa y aboga por aumentar hasta cinco los dos años inicialmente añadidos en la recepeción de esos fondos, es decir, hasta 2011.

CONSTITUCIÓN

Sobre la Constitución Europea, Navarro recordó que no existe un plazo jurídico para que entre en vigor, ya que sería el 1 de noviembre de 2006 si para entonces todos los estados lo han ratificado, o el primer día del segundo mes posterior al depósito de la última ratificación.

Sin embargo, reconoció que ese primer día de noviembre de 2006 es un plazo "político" que la Unión Europea se ha marcado para poner en marcha su Constitución.

En esa situación, España considera que el proceso de ratificación debe continuar para que todos puedan pronunciarse, si fuera necesario ampliando hasta noviembre de 2007 ese plazo inicialmente previsto para concluir las ratificaciones.

"No se puede seguir como si no hubiera pasado nada", dijo Navarro, y España reconoce la necesidad de comenzar de forma paralela "un periodo de reflexión" para analizar las causas de ese rechazo y "tratar de encontrar juntos algunas respuestas a la situación".

En esa búsqueda de respuestas, precisó, deben ser Francia y Holanda los primeros en apuntar "algún elemento de explicación" a lo sucedido.

Navarro advirtió de que ese proceso será "muy largo" y no se cerrará en ningún caso antes de las elecciones presidenciales francesas, previstas para 2007.

En todo caso, y esa es otra de las ideas en las que incide España, Europa "sigue adelante" y hay que demostrar a los ciudadanos que no existe vacío alguno de poder.