"El tiempo de la negociación está prácticamente agotado y ha llegado la hora de dar pasos definitivos adoptando decisiones", dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La llegada de la "recta final" de las conversaciones llevó al Gobierno a hacer un balance de los meses transcurridos desde que el proyecto llegó al Congreso de los Diputados, el pasado mes de septiembre.

El Gobierno cree que esa negociación ha sido "fructífera" y ha servido para que en estos momentos existan "muchas más cosas que nos unen de las que nos separan".

Sin embargo, reconoce que existen discrepancias en dos asuntos fundamentales, financiación autonómica y plasmación de la identidad catalana, la inclusión o no de la definición como "nación".

Incluso en estos dos aspectos, el Gobierno sigue pensando es que es posible superar las diferencias y cerrar un acuerdo satisfactorio.

Estas dos cuestiones serán abordadas por la propuesta que el Grupo Socialista enviará "inmediatamente" a los partidos catalanes para seguir negociando pero ya con un plazo "corto" que concluiría la próxima semana.

Reconoció que las conversaciones se han alargado "un poquito más" de lo inicialmente previsto, pero negó cualquier interpretación sobre un fracaso de la metodología. Las fechas barajadas para llegar a acuerdos han sido siempre "más la expresión de un deseo que otra cosa", aseguró. DESCRIPCION DE SENTIMIENTOS

La vicepresidenta no quiso desvelar detalles de esa propuesta, pero dejó claro que los criterios del Gobierno no se han modificado.

No precisó si el Ejecutivo estaría dispuesto a ceder más del cincuenta por ciento del IRPF o de los impuestos especiales a la Generalitat, y tampoco lo hizo el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que compartía con ella la comparecencia.

La opción del Gobierno, explicó Fernández de la Vega, es incluir en el preámbulo una fórmula que "describa lo que sienten los ciudadanos de Cataluña" pero sin ser una definición jurídica ni administrativa.

El capítulo de competencias quedó ya casi cerrado con acuerdos que, según la vicepresidenta, son completamente acordes con la Constitución.

Existe una fórmula de consenso sobre las competencias en aeropuertos "de interés nacional" que, siempre que los casos sean "homologables", podrían extrapolarse a otras comunidades autónomas que así lo quisieran incorporar a su Estatuto.

La vicepresidenta lanzó un mensaje a los partidos catalanes al asegurar que está convencida de que habrá acuerdo porque de lo ya pactado se desprende una clara mejoría del autogobierno de Cataluña y hay coincidencia en que la actual es una "gran oportunidad" de sacar adelante la reforma. No hay "plan B" en caso de que esa reforma no se apruebe, y lo que el Gobierno sí tiene claro es que, de ser así, se habría perdido una oportunidad, "pero nada más".

Llegado el momento de debatir en el seno de la ponencia y de la Comisión Constitucional, la vicepresidenta aseguró que se analizarán aportaciones de "todos los que quieran participar", también el PP si así lo decide.