En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que el modelo del Ejecutivo, también del ministro de Trabajo e Inmigración, es lograr un flujo "legal y ordenado".

Negó por ello discrepancias entre el ministro, Celestino Corbacho, y el resto del Gobierno, y reiteró la defensa de una concepción de la inmigración según la cual los derechos y deberes de todas las personas que viven en España, independientemente de su origen, se derivan del marco constitucional y de las leyes.

"La ley es igual para todos, y las normas de convivencia en España están contenidas en la ley y en el marco constitucional", explicó, y de ello se derivan derechos y deberes, "no adhesiones que, si son inquebrantables, suenan a otros tiempos".

Advirtió, además, de que esos derechos y deberes derivan de las leyes, "no de las costumbres", y el cumplimiento de esas leyes "no es negociable" y por tanto "no puede ser objeto de un contrato".

Esas normas básicas, añadió, sirven para todos los ciudadanos y para todas las administraciones, sean de ámbito nacional, autonómico o local.

En su opinión, la propuesta de la Comunidad Valenciana puede pretender dos cosas, o bien "burlar la voluntad de los ciudadanos" que rechazaron mayoritariamente en las urnas un programa electoral que contenía esa idea, o defender una "visión distinta de España" en algunos territorios, algo que, en su caso, tendría que explicar quien lo defiende.