La norma mejora el nivel de protección de los trabajadores expuestos al amianto en el lugar de trabajo, que en la actualidad son únicamente los que efectúan la retirada del amianto existente. Los trabajadores más beneficiados son los del sector de la construcción y los de construcción y reparación naval.

Con la aprobación del real decreto se procede a la incorporación al ordenamiento jurídico español de una directiva europea se moderniza una regulación que había quedado desfasada y se realiza un importante esfuerzo de simplificación normativa, refundiendo seis disposiciones en una.

Entre las novedades más significativas de la nueva normativa destaca la necesidad de identificar la existencia de amianto, con carácter previo al inicio de los trabajos, en las obras de demolición y mantenimiento. Asimismo, todo trabajo con riesgo de exposición al amianto debe contar con un plan aprobado por la autoridad laboral en el que se estimen las medidas preventivas y de protección.

La inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto deberá ser única, a diferencia del sistema actual, en que las empresas tienen que hacerlo en el registro de cada comunidad autónoma.