Así consta en el último Informe Anual de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, organismo de la Dirección General del Patrimonio del Estado encargado del Registro Público de Contratos, al que deben comunicarse las contrataciones realizadas por las Administraciones Públicas.

Los contratos comunicados a ese Registro ascendieron en 1997 a 672.499 millones de pesetas, una cantidad notablemente infrior a la real (que rondó los dos billones de pesetas) debido al elevado grado de incumplimiento de la obligación de comunicar las contrataciones realizadas, algo sobre lo que la Junta Consultiva viene quejándose en todas sus memorias.

Según los datos oficiales de la memoria del 97, cerrada en el 2001 y a la que tuvo acceso Servimedia, los contratos realizados sin concurso ni subasta tuvieron un presupuesto de 217.116 millones de pesetas, el 32% del total. Por concurso se adjudicaron contratos valorads en 413.715 millones, el 62%, y por subasta 41.667 millones, el 6%.

La ley de contratos de las Administraciones Públicas establece que "los órganos de contratación", que son el Consejo de Ministros para presupuestos de más de 2.000 millones de pesetas y los ministros y secretarios de Estado para casi todos los demás, "utilizarán normalmente la subasta y el concurso como formas de adjudicación".

Sin embargo, la elevada contratación sin concurso ni subasta es una constante año tras año, a pesar deque la ley declara expresamente que la adjudicación directa, oficialmente denominada "procedimiento negociado", debe quedar restringida a casos excepcionales, como el de que no se presenten propuestas a concursos o subastas, cuando haya "imperiosa urgencia" o razones de seguridad que exijan secreto o reserva, y en contratos de menor cuantía (menos de cinco millones en 1997, diez millones en la actualidad).

En estos supuestos tasados, la Administración puede adjudicar el contrato a la compañía que decia tras "solicitar la oferta de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a tres siempre que ello sea posible, fijando con la seleccionada el precio del mismo y dejando constancia de todo ello en el expediente".

RAZONES DE SEGURIDAD

Las aludidas razones de seguridad explicarían que el Ministerio de Defensa sea el que más recurrió a la adjudicación 'a dedo', al hacer por esta vía la mitad de sus contratos, 77.215 millones, de un total de 154.722 mllones adjudicados; que Interior tramitase así 20.644 millones, casi dos tercios del total; y que el Ministerio de la Presidencia recurriera a esta fórmula para adjudicar proyectos por 5.176 millones, de un total de 8.593 millones adjudicados.

Economía y Hacienda, departamentos que en 1997 formaban un solo ministerio, se situaron por encima de la media, al resolver a dedo la adjudicación de contratos presupuestados en 10.180 millones de pesetas, el 36,5% del total.

Por contra, en el ministerio inersor por excelencia, el de Fomento, menos de un 25% de los contratos adjudicados a la iniciativa privada lo fueron por el "procedimiento negociado" y casi tres cuartas partes del total se tramitaron por concurso.

LOS CRITERIOS DE LA LEY

La proporción de contratación directa sube notabilísimamente si se compara solamente el número de contratos adjudicados por un sistema u otro, independientemente de los presupuestos de que estén dotados.

En concreto, en 1997 los contratos adjudicados a dedo fueon 16.916, de un total de 21.202 comunicados al Registro Público de Contratos, es decir, el 80% del total. Por concurso fueron adjudicados 3.726 (17,5%) y mediante subasta 560 (2,5%).

La ley de contratos del Estado daba en 1997 libertad para contratar directamente los proyectos de menor cuantía (por debajo de cinco millones para los contratos de obras y de dos millones para suministros y servicios), lo que puede explicar en parte este fenómeno.

Sin embargo, la adjudicación directa está lejos de sr una fórmula que la Administración restrinja a contratos de pequeña cuantía. En 1997, tramitó por esa vía 18 contratos de obras y 14 de suministros por importe superior a 500 millones de pesetas, que sumaron casi 52.000 millones de pesetas, y otros 12 contratos de servicios con presupuesto superior a los 300 millones de pesetas cada uno (por un monto global de 17.295 millones de pesetas).

La contratación directa tiene una presencia mayor en los contratos de suministros, entre los que supone la vía deadjudicación del 37% del total. Baja hasta el 28% tanto en los de obras como en los de servicios.

El elevado nivel de contratación directa no es algo nuevo. Según memorias anteriores de la Junta Consultiva de Contratación, en 1995 supuso el 35% del total y en 1996 el 34%, lo que apunta a una ligera tendencia descendente.