El Ejecutivo cumple así con lo estipulado en la Ley del Menor, que establece un nuevo marco penal basado en unos principios orientados a la reeducación de los infractores menores de edad y el reconocimiento de sus garantías constitucionales.

El proyecto atribuye a los fiscales la fase instructora del procediiento, para evitar la duplicidad de actuaciones entre éstos y los jueces.

Concluida la instrucción, el ministerio fiscal propondrá al juez el sobreisimiento o la apertura de la fase de audiencia y, en su caso, la prueba que considere pertinente.

La norma aprobada hoy establece también la creación de Salas de Menores en las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y de las Audiencias Provinciales.