El real decreto fue aprobado por el Ejecutivo el pasado 10 de julio y supone una reforma a la Ley de Extranjería, a propuesta de los ministros de Trabajo e Inmigración, de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Interior y de Presidencia.

Los Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas de Cataluña y Andalucía han recogido entre sus competencias ejecutivas laborales, la autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en su territorio.

Esta asunción de competencias por Andalucía y Cataluña supone que éstas tendrán competencias para conceder las autorizaciones de trabajo a los extranjeros, mientras que el Estado es la que autorizará la residencia a los mismos.

Además, el real decreto elimina a los inmigrantes que se han quedado en el paro las restricciones geográficas o de sector de actividad, así como cambiar la autorización de cuenta ajena a cuenta propia o viceversa.

También facilitará la renovación de las autorizaciones de aquellos trabajadores que tienen una trayectoria laboral que acredita su vinculación reforzada con el empleo, así como la de otros extranjeros que cuentan con una red familiar que sustenta su mantenimiento en España cuando no pueden acreditar un contrato de trabajo en vigor en el momento de la renovación.