En una carta remitida por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Francisco Ros, a los consejeros delegados de Telecinco y Antena 3, Paolo Vasile y Maurizio Carlotti, respectivamente, el Ejecutivo insta a las dos cadenas privadas a "recoger y difundir las precisiones del Gobierno para demostrar que el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información veraz está por encima de los intereses legítimos de sus accionistas".

"La carta de Telecinco y Antena 3, que criticaba el trámite de consultas realizado por el Gobierno, recoge afirmaciones, imprecisiones y errores de considerable gravedad que tergiversan los hechos", añade la misiva de Ros.

Según el Ejecutivo, "las televisiones privadas no tienen representante en el CATSI porque no se ponen de acuerdo en quién debe ser su representante". "A pesar de esta situación anómala", prosigue, "son convocados a las reuniones con voz pero sin voto. Por este motivo, su posición no se ve reflejada en las certificaciones del CATSI".

La carta del secretario de Estado resalta que "el trámite del CATSI no es preceptivo, tal y como señalan Telecinco y Antena 3 en un claro desconocimiento de la legislación vigente". "A pesar de esto", precisa, "el Gobierno decidió de manera voluntaria someter el anteproyecto al CATSI y a los agentes más representativos del sector, en aras de una mayor transparencia".

En palabras del Ejecutivo, "el proyecto de ley incorpora nuevas sugerencias realizadas en el trámite de consultas" y "pretender lo contrario sería desvirtuar o incluso invalidar absolutamente el objeto de los trámites".

"El proyecto de ley incorpora incluso sugerencias realizadas por Antena 3 y Telecinco sobre el número máximo de televisiones digitales locales de carácter público. El Gobierno tramita la norma como proyecto de ley en lugar de utilizar la fórmula del real decreto ley porque quiere que las fuerzas políticas tengan la oportunidad de poner de manifiesto sus puntos de vista", explica Ros.

Finalmente, el Gobierno reitera su voluntad de alcanzar en el Parlamento el consenso preciso a fin de desarrollar las medidas urgentes para el impulso de la TDT, la liberalización de la televisión por cable y el fomento del pluralismo.