Según informó hoy el Ejecutivo, el objeto del acuerdo es mejorar la gestión de los flujos migratorios, desde un enfoque global, tanto en el país emisor como en el país de acogida, así como favorecer la colaboración en la lucha contra el tráfico de seres humanos, y el desarrollo del país de origen de los emigrantes.

El articulado plantea una serie de medidas y procedimientos destinados a la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias que trafican con personas, acompañados de una serie de medidas como la facilitación de los mecanismos de contratación de trabajadores subsaharianos en origen con todas las garantías, la aplicación de políticas activas de integración, el fortalecimiento de las capacidades para gestionar la migración y el fomento de acciones de codesarrollo.

También recoge, entre otras cosas, los términos de las modalidades de participación de ambas partes, las condiciones de ejecución del acuerdo y para la admisión de trabajadores, y normas sobre retorno voluntario de las personas migrantes y sobre seguimiento y aplicación.