El ministro de Defensa, Eduardo Serra, destacó la importancia de esta decisión en defensa de los derechos humanos y para evitar "sufrimientos innecesarios, especialmente a la pblación civil".

El Ejecutivo ha tomado esta decisión antes de que los acuerdos de Ottawa obliguen a la comunidad internacional y ha acordado un plazo de destrucción menor del previsto en esa cumbre internacional.

La norma aprobada por el Gobierno regula la destrucción de casi todas las existencias del Ejército español de la manera más respetuosa posible con el medio ambiente y sólo prevé la reserva de las minas necesarias para permtir el adiestramiento de las Fuerzas Armadas españolas en la desacivación de estos artefactos.

Asimismo, la ley prohibe la posesión de vectores de lanzamiento de minas y otras armas de efecto similar. En total, el Gobierno gastará 527 millones de pesetas en la destrucción de las minas que posee, lo que significa un gasto de 638 pesetas por mina destruida.

Con esta decisión, el Ejecutivo cumple con el mandado del Congreso de los Diputados aprobado el pasado 25 de mayo con el acuerdo de todos los grupos de la Cámara.

Serra se comprometió a continuar con las cciones precisas para lograr la universalidad de estas medidas orientadas a la prohibición del empleo de minas y al levmantamientode todos los campos existentes, impulsando las acciones multilateerales necesarias para la localización, desactivación y destrucción de las que en la actualidad están desplegadas.

El ministro insistió finalmente en que España no tiene instalado ningún campo de minas en su territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla.