Así lo afirmó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete la titular de Igualdad, Bibiana Aído, quien explicó que la mujer que haya interrumpido voluntariamente su embarazo antes de la entrada en vigor de esta normativa podrá solicitar al centro que le realizó el aborto la codificación de sus datos personales.

En este sentido, detalló la ministra, el proyecto de decreto propone que todos los centros públicos y privados separen el historial clínico de los datos personales de las pacientes, que quedarán ocultos bajo un código que se les entregará al inicio del proceso y que se desvelará sólo en los casos en que haya autorizaciones judiciales por medio.

Y es que la principal finalidad de la futura normativa es proteger la intimidad de quienes abortan de forma legal, según declaró tras la reunión del Gobierno su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

"Lo digo con toda claridad, nadie puede entrometerse en la intimidad de las mujeres que hayan optado por la interrupción voluntaria del embarazo con arreglo a la ley", aseveró De la Vega.

"Los poderes del Estado están para preservar el derecho a la intimidad de todos", pero "muy especialmente" el de la intimidad de aquellas mujeres que al sufrimiento que tienen que afrontar en una decisión tan difícil y dolorosa no deben añadir el escarnio de una publicidad no deseada sobre una decisión completamente privada y confidencial", añadió la vicepresidenta en la misma línea.

CRITERIOS DE CALIDAD

El segundo gran objetivo de la normativa será garantizar el cumplimiento de una serie de criterios comunes de calidad en la asistencia médica a las mujeres que se sometan a una interrupción voluntaria del embarazo, "especialmente cuando las comunidades autónomas opten por prestar el servicio con medios ajenos", prosiguió De la Vega.