En primer lugar, el Gobierno ha corregido el reglamento después de que Bruselas estableciera el pasado marzo que no se debe considerar el apercibimiento como una sanción, tal y como se consideraba en el ordenamiento jurídico español. Esta corrección requiere, dada la aplicación directa del reglamento, modificar la ley para configurar el apercibimiento como una medida adecuada, de naturaleza no sancionadora, incluida dentro de los poderes correctivos de las autoridades de control.

En segundo lugar, según informa en un comunicado la Agencia de Protección de Datos, el incremento y la mayor complejidad de los asuntos abordados por este organismo en los procedimientos sancionadores muestra la necesidad de ampliar algunos de los plazos para resolver. Esta complejidad se ha visto acentuada además por la instauración por parte del Reglamento del mecanismo de 'ventanilla única', que requiere de un sistema de cooperación y coherencia entre las distintas autoridades de protección de datos de la UE en determinados casos. Por ello, la modificación contempla el aumento de nueve a doce meses en la duración máxima del procedimiento sancionador, y de doce a dieciocho meses en las actuaciones previas de investigación.