Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo aseguró que no es partidaria de "modificaciones inmediatas", porque primero hay que averiguar lo que ha fallado.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega sentenció que lo ocurrido supone "un terrible y trágico error judicial", por lo que respaldó la investigación iniciada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de saber "a ciencia cierta" dónde está el fallo del sistema.

Después de trasladar sus "condolencias" a los padres de Mari Luz, explicó que la prioridad del Ejecutivo en estos momentos, por encima de cualquier cambio legislativo, es garantizar que no se repita un caso similar.

"Lo primero es hacer funcionar el sistema con responsabilidad; a partir de ahí todo lo que pueda mejorar bienvenido sea, pero debatido con serenidad", dijo. "El sistema tiene mecanismos para que funcione, hay que hacerlos funcionar y hay que ser responsables para impedir que haya fallos del sistema, de seguridad, y más especialmente si son personas especialmente vulnerables".

Preguntada sobre las posibles responsabilidades políticas que pueden depurarse por este asunto, De la Vega subrayó que el asesinato de Mari Luz se debe a un "gravísimo error judicial" en el que "para nada" está implicado el Ministerio de Justicia, con Mariano Fernández Bermejo al frente.

La vicepresidenta insistió en que en estos momentos caben "pocos debates políticos", aunque señaló que el Gobierno "ni descarta ni deja de descartar" que en el futuro puedan endurecerse las penas o el tratamiento a los pederastas.

Finalmente, manifestó que, una vez que se sepa qué es lo que ha fallado, puede abrirse un debate sobre los cambios que conviene realizar en el sistema judicial, el sistema penal y el sistema policial.