La ministra reiteró la intención del Gobierno de promulgar en esta legislatura una Ley de Huelga, consensuada con los interlocutores sociales, para regular los servicios mínimos, "sobre todo en el sector público".

La negociación de esa ley es, según Conde, "una preocupación secular del Gobierno" y podría realizarse en la segunda fase de la concertación social o en el marco del paco de competitividad sugerido por el Ejecutivo. La finalidad, añadió, es que los ciudadanos no sufran indiscriminadamente por las huelgas.

Por otra parte, la ministra señaló que el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, hizo un uso legítimo de la libertad de expresión al afirmar que Cataluña se benefició políticamente del régimen franquista para expoliar a las regiones más pobres.

La ministra no quiso pronunciarse sobre el fondo de esas manifestaciones, pero señaló que a Rodrígue Ibarra le asiste el derecho a la libertad de expresión lo mismo que a cualquier otro ciudadano.

Conde recalcó, no obstante, que la posición "del Gobierno y del PSOE" es que el Estado de las Autonomías ha de construirse teniendo en cuenta las diferencias entre unas comunidades y otras.

Añadió que, partiendo de ese principio, el deseo que la semana pasada le expresó Felipe González al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, es el de la necesidad de pasar de la "reivindicación sistemática" de la comunidades frente al Gobierno central a una etapa de coordinación y colaboración.

La ministra no quiso hacer comentarios sobre las irregularidades cometidas ayer durante la votación en el Senado de la Ley del IRPF, alengado para ello el "principio de no injerencia entre los poderes del Estado".

Ante la insistencia de los periodistas, Conde aseguró que la opinión del Ejecutivo es que "todas las instancias del Estado son escrupulosas en la realización de sus tareas" y que, en todo caso, compete alas Cámaras Legislativas resolver los problemas que puedan plantearse en su funcionamiento.

Finalmente, la ministra señaló que al Ejecutivo le parece bien la decisión de la Audiencia Nacional de suprimir 22 de las 26 preguntas que le dirigió la acción popular en el "caso Amedo", como le hubiera parecido correcta cualquier otra resolución judicial. Agregó que la posición del Gobierno es atender y cooperar con las demandas de la justicia con "total y absoluta transparencia".