El programa será debatido mañana miércoles en el Senado, antes de su definitiva remisión a las autoridades comunitarias de Bruselas. A su juicio del Gobierno, ha quedado demostrado que cuenta con un "respaldo político y social suficiente", según manifestó el ministro de Economía, Carlos Solchaga.

En la Cámara Baja, el PSOE aceptó aplicar a los beneficis empresariales reinvertidos un tratamiento más favorable que a los repartidos, si bien no concretó cuál será la dimsinución del tipo general del Impuesto de Sociedades, actualmente del 35 por ciento, y que la propuesta de Convergencia i Unió quería situar en el 30 por cien.

También la tributación de los beneficios repartidos serán más benigna, puesto que otra de las resoluciones aprobadas insta al Gobierno a aplicar un sistema más generoso en las deducciones para compensar la doble imposición de los ividendos por el IRPF y el Impuesto de Sociedades.

La mayoría de las restantes modificaciones al Plan de Convergencia aceptadas por el PSOE son de matiz, de estilo o de ritmo en la aplicación de medidas de políticas económica, como una que urge al Gobierno para que promulge "de forma inmediata" el Reglamento de desarrollo de los Planes de Ahorro Popular.

Entre las más significativas, hay una que prevé la apertura de una línea de financiación en el Instituto de Crédito Oficial, a tipos de interés blandos", para desarrollar "una industria medioambiental capaz de competir con la que se está desarrollando en otros países europeos".

Otra compromete al Gobierno a incrementar los recursos destinados a promover la exportación y la inversión española en el exterior, mediante la creación de nuevos consorcios exportadores de los diferentes sectores productivos, entre otras medidas.

"EL UNICO POSIBLE"

Todos las modificaciones de contenido aprobadas fueron presentadas por los grupos del PNV y Convegencia i Unió, que expresaron su decidido apoyo al Plan del Gobierno. Los nacionalistas vascos aseguraron que el plan es "bueno y probablemente el único posible" y los catalanes se mostraron convencidos de que es "necesario, con o sin Maastricht".

No fueron aceptadas ninguna de las resoluciones propuestas por el Partido Popular, que reclamó del Ejecutivo la presentación antes del 31 de diciembre de 1992 de un programa de privatización de empresas públicas por un valor mínimo de 450.000 millones de pestas, así como la reducción del gasto corrietne de este año en al menos 396.000 millones, entre otras medidas.

La portavoz popular, Isabel Tocino, negó que el Gobierno vaya a congelar la presión fiscal entre 1992 y 1996, como afirma el Plan de Convergencia, y dijo que, de sus cuadros macroeconómicos, se deduce un incremento de la presión tributaria de 3,3 puntos en ese periodo.

Tocino afirmó, dirigiéndose a Solchaga, que "ha sido la política miope desarrollada por ustedes, la que ahora va a requerr medidas de ajuste duro y por las bravas. Pero esa es su responsabilidad, no quieran hacernos corresponsables".

Por Izquierda Unida, Ramón Espasa pidió al Gobierno, sin éxito, que incluyese en el Plan de Convergencia un mayor gasto en infraestructuras y la consecución de objetivos sociales, como la reducción de la tasa de paro al 11 por ciento.

También propugnó una reformulación de los objetivos de Maastricht, de manera que el de inflación quedara en el 4 por ciento, y el déficit público en el 3por ciento del PIB, para lo cual bastaría, a su juicio, con un crecimiento anual del 3 por cien, medio punto menos de lo que prevé el Gobierno.

Espasa criticó lo que calificó de afán del Gobierno por ser "el primero de la clase en monetarismo" y advirtió que "desde el ataque, desde la desconfianza y la agresión a las fuerzas sidicales, no construiremos un futuro de estabilidad económica ni social ni, a la postre, política en nuestro país".

José Ramón Caso, del CDS, acusó al Gobierno de falsear larealidad, al afirmar que su programa no entraña sacrificios para, a continuación, adoptar como primera medida un recorte en la cuantía del seguro de paro.

Caso se preguntó, asimismo, cómo es posible creer las previsiones macroeconómicas del Gobierno a cinco años cuando las grandes cifras del Presupuesto del Estado de 1992 en cuestiones como empleo y salarios tuvieron que ser revisadas sólo tres meses depués de ser aprobadas por el Parlamento.

SOLCHAGA, SATISFECHO

Por su parte, Solchaga, en una ueda de prensa celebrada al término de la sesión parlamentaria, expresó su satisfacción por el apoyo obtenido en el Cogreso al Plan de Convergencia y dijo que los sindicatos "deberían tener en cuenta, con respeto, lo que la Cámara ha decidido".

A su juicio, el plan cuenta con un "respaldo político y social suficiente", aunque no tenga tras de si una "la aquiescencia universal". No descartó su revisión en algún aspecto, por entender que "no hay que sacraoizar las cifras", pero insistió en que mantendráinalterables los objetivos finales.

El ministro precisó que las resoluciones aprobadas no tienen un plazo definido para su ejecución. Concretamente, los cambios en la fiscalidad de los beneficios se harán al compás de las que se introduzca en el conjunto de la CE, para no tener que dar luego marchas atrás.