Lo confirmó el Gobierno en una respuesta por escrito a los senadores del PP Francisco Martín Bernabé Pérez, Violante Tomás Olivares y Juan María Vázquez Rojas, quienes se interesaron sobre las intenciones que tiene el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de proceder, vía real decreto-ley, a una regulación extraordinaria y urgente de la condición legal de discapacidad, para dar cobertura a las personas con discapacidad ucranianas refugiadas en su acceso a los apoyos, servicios y prestaciones sociales previstas por razón de discapacidad.

En ese sentido, el Ejecutivo trasladó que este asunto será tratado en la próxima Comisión Delegada de Discapacidad, dependiente del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), prevista para desarrollar con las comunidades autónomas fórmulas que den cobertura legal a las personas con discapacidad ucranianas refugiadas en territorio español.

El Gobierno recordó que España ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados por la Asamblea General de la ONU en 2006, que recogen los derechos de estas personas y las obligaciones de los países firmantes de promover, proteger y asegurar sus derechos.

De este modo, las personas con discapacidad se sitúan como sujetos de derecho y sus demandas y necesidades han de ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades con el conjunto de los ciudadanos.

Así pues, cualquier actuación referida a las personas con discapacidad ha de tener en cuenta “los principios generales de respeto a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y la igualdad de oportunidades”.

Por ello, a partir del mecanismo de protección temporal para la acogida de ucranianos activada por la UE, el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, lleva a cabo la coordinación de la acogida a través de la Red de Centros de Acogida a Refugiados y los dispositivos gestionados por entidades sin ánimo de lucro.

Por último, recordó que “las personas a quienes se reconozca el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria tienen una serie de derechos, entre los que se encuentran la autorización de residencia y de trabajo y el acceso, en las mismas condiciones que los españoles, a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales”.

También tienen garantizado el acceso a “los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social y a los programas de integración”.