LOS GITANOS DE CATALUÑA PIDEN AL AYUNTAMIENTO DE AITONA QUE SE PRONUNCIE OFICIALMENTE SOBRE EL RACISMO
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El presidente de la Federación de Asociaciones Gtanas de Cataluña, Manuel Heredia, pidió hoy al alcalde de Aitona, el convergente Josep Lluís Prim, que el Ayuntamiento de esta población se pronuncie en un pleno extraordinario sobre si la localidad es racista o no, tras la última agresión contra una familia gitana.
Dos personas desconocidas incendiaron, en la madrugada del martes, la vivienda de la familia gitana González López, en la que se encontraban quince personas, entre ellas los ocho hijos del matrimonio.
La Asociación Cultural Gitana deLérida afirmó que ya había denunciado ante la Guardia Civil, la comisaría y el Ayuntamiento de Aitona, hace unos días, nuevas amenazas contra la familia González López.
Según el portavoz de esta entidad, Ignasi Albero, el pasado día 15 se recibió una llamada telefónica anónima en la sede de la asociación, en la que se amenazaba con prender fuego a la casa de los gitanos si éstos no se marchaban del pueblo en el plazo de un mes.
Las mismas fuentes indicaron que pocas horas antes de que la viviendafuera incendiada, una patrulla de la Guardia Civil, que vigilaba discretamente la casa de la familia González a raíz de la llamada, había pasado por delante de la misma.
Por su parte, el padre de la familia agredida, Jesús González, comentó que al ver que la puerta de su casa ardía pidió ayuda a los vecinos más próximos, pero nadie acudió a socorrerle para sofocar el incendio.
REPULSA DE "IGUALES EN DERECHOS"
Por otra parte, la campaña "Iguales en Derecho" expresó hoy en un comunicado "su más eérgica condena" por los nuevos sucesos de Aitona y su solidaridad con la familia afectada.
Para los promotores de la campaña, la agresión es un capítulo más dentro de "la ola de acciones racistas que comienzan a proliferar en España" y reclaman la necesidad de arbitrar medidas de desarrollo y promoción social de las minoría étnicas, así como la creación de un "movimiento de solidaridad social".
En la nota se critica al Gobierno y al Ministerio de Justicia porque "dan la callada por respuesta" y a PSOE como partido porque "se lo piensa".
La dirección de la campaña estima que la penalización de este tipo de acciones contribuiría a ejercer un efecto disuasorio "sobre todos aquellos racistas dispuestos a perseguir a sus iguales tan sólo por la diferencia de su piel u origen étnico".
(SERVIMEDIA)
29 Ene 1992