Además, acordó suspenderla durante un año por no advertir al Poder Judicial de la incompatibilidad para ejercer en Marbella, algo a lo que estaba obligada al residir allí familiares suyos con intereses económicos en la zona y tratarse de una ciudad con menos de 100.000 habitantes.

El portavoz del CGPJ, Benigno Varela, explicó que, en caso de que Pilar Ramírez recurra al Tribunal Supremo y consiga er readmitida en la carrera judicial, todavía tendría que cumplir el año de suspensión, aunque ya ha cumplido seis meses de forma cautelar.

El Pleno del CGPJ se pronunció así sobre la propuesta elevada por la Comisión Disciplinaria, que la semana pasada propuso que Pilar Ramírez fuese, como mínimo, suspendida de sus funciones durante un año. También señaló que debe ser expulsada de la carrera judicial.

Pilar Ramírez se encontraba suspendida cautelarmante de sus funciones desde el pasado mes de juio, cuando la Comisión Disciplinaria le abrió un expediente por las dos faltas antes descritas. El CGPJ nombró un juez instructor para que investigase los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo.

Durante su investigación, el juez instructor, Juan Ruiz Rico, descubrió la existencia de otras sociedades vinculadas a la familia de Pilar Ramírez, que trasladaron su domicilio a Estepona, si bien continuaban centrando la mayoría de sus actividades mercantiles n Marbella.

Ruiz Rico solicitó en su informe que Pilar Ramírez fuera castigada exactamente con las mismas sanciones que propuso la semana pasada la Comisión Disciplinaria del CGPJ y que hoy han sido estudiadas por el Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

EL ORIGEN

Las actuaciones del CGPJ contra Pilar Ramírez se iniciaron a petición del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, quien presentó una denuncia en la que relacionaba a la familia de la juez con e alcalde de Marbella, Jesús Gil, y a éste con la mafia italiana.

Esta denuncia de Jiménez Villarejo, quien acusaba a la juez Ramírez de falta de imparcialidad y de enemistad manifiesta, fue presentada después de que la magistrada dictase una resolución afirmando que el juez instructor del "caso Gil", Santiago Torres, había incumplido las normas de reparto de las causas judiciales.

Con esa resolución, la juez decana dió la razón a Jesús Gil, para quien Santiago Torres y el fiscal Anticorrupción de caso, Carlos Castresana, habían diseñado una "actuación combinada" para investigar la causa, en lugar de enviarlo a reparto, como correspondía.