Según García-Castellón, siguiendo la tesis del fiscal Anticorrupción encargado del caso, Carlos Castresana, en enero de 1998 Jesús Gil debía al Atlético de Madrid 2.700 millones de pesetas y, para saldar la deuda, él ysu hijo otorgaron cuatro contratos por los que Promociones Futbolísticas (Gil padre) cedía al club (Miguel Angel Gil) los derechos económicos y de imagen de los cuatro jugadores.

Se trata de Limamou Mbengue, Bernardo Matías Djana, Maximiliano de Oliveira y Abass Muyiwa Lawal. De éstos, sólo el último podría responder a la categoría de jugador profesional, dado que fue incorporado como suplente al Atlético de Madrid B en 1998, donde permaneció en la temporada 98-99.

Los demás supuestos jugadores ean en realidad, según sostiene el auto de García-Castellón, un senegalés en paro (Limamou Mbengue), un angoleño que había pedido asilo y refugio en España (Bernardo Matías Djana) y el joven brasileño que declarará mañana.

Todos ellos fueron valorados por el Atlético de Madrid en 2.700 millones de pesetas más IVA, cuando en realidad pagó 290 millones por Limamou Mbengue, 350 millones por Bernardo Matías Djana, 1.100 por Maximiliano de Oliveira y 1.000 por Abass Muyiwa Lawal.

Oliveira es el único d los cuatro extranjeros que faltaba por prestar declaración como testigo ante el juez, en relación al "caso Atlético". Los otros tres ya lo hicieron a finales del mes de enero. Entonces aseguraron ante García-Castellón que desconocían que estuviesen valorados en varios miles de millones, lo que calificaron de "barbaridad".

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes ausa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil, y otros delitos societarios.