Ayer, García-Castellón dictó un auto por el que revoaba la administración judicial del Atlético de Madrid, llevada a cabo por Luis Manuel Rubí Blanc, y sustituía esta medida cautelar por la intervención judicial, para lo que ha designado a Romassanta, que, además, es Master en Alta Dirección y Gestión de Empresas.

Aunque el juez decretó ayer el nombramiento de dos interventores judiciales, lo cierto es, por el momento, sólo habrá uno, Romassanta, quien estará acompañado por dos colaboradores del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública especiaizados en Contabilidad.

Fuentes jurídicas explicaron que no es posible disponer de dos interventores para destinarlos al Atlético de Madrid, cuya gestión vuelve a manos del anterior Consejo de Administración del club rojiblanco, aunque bajo el control de Romassanta.

Según las mismas fuentes, el interventor del Atlético de Madrid es una persona "solvente y preparada". Romassanta deberá controlar todas las materias contables y financieras del club rojiblanco y velar por el buen uso de sus cuentas.CONTROL DE GASTOS

Así, Romassanta deberá aprobar todos los gastos que realicen los administradores, de modo que la familia Gil no podrá utilizar una peseta de los fondos propios del Atlético de Madrid sin que él lo autorice.

Con la figura del interventor, el juez García-Castellón evita además que los administradores del club, a los que investiga por un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas, descapitalicen el Atlético de Madrid o desvíen dinero de la entidad deportiva.

García-Castelló instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documeto público y mercantil, y otros delitos societarios.