De esta manera, el juzgado malagueño rechaza la decisión por la que el pasado 26 de abril la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió remitirles la querella presentada el pasado 8 de abril por el fiscal Anticorrupción Jaime Sánchez Junco, quien acusa al alcalde de Marbella de malversación y falsedad en documento público.

Según la queella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, entre 1991 y 1995 Gil se apropió de casi 5.000 millones de pesetas, mediante el desvío de fondos de tres empresas municipales. El departamento dirigido Carlos Jiménez Villarejo sostiene que, de la citada cantidad, el alcalde de Marbella ingresó en sus cuentas entre 700 y 800 millones de pesetas.

En un auto por el se confirmó la decisión del magistrado Juan del Olmo de remitir el caso a Málaga, los magistrados de la Sala de lo Penal consideraron que la cuntía presuntamente defraudada no afecta ni a la economía nacional, ni a la seguridad del tráfico mercantil ni a una pluralidad de perjudicados más allá de la localidad de Marbella, requisitos necesarios para que la Audiencia Nacional se haga cargo de la investigación.

Sin embargo, el juzgado malagueño insiste en que el tribunal que debe investigar este caso es la Audiencia Nacional, lo que, según fuentes jurídicas, supone plantear un conflicto negativo de competencias.

Según las mismas fuentes juídicas, este contencioso suscitado a raíz de esta querella contra Gil deberá ser resuelto por la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.