Durante el registro se "volcaron" los contenidos de los discos duros de varios ordenadores, entre ellos uno de Jesús Gil Marín, en el que se encontró correspondencia electrónica remitida por el hijo del presidente del Atlético de Madrid a su abogado Horacio Oliva.

El pasado 16 de noviembre, el juez citó al hio de Gil y a su abogado, Horacio Oliva, para que estuvieran presentes en el momento de abrir el correo electrónico, a lo que ambos se opusieron, alegando que tal acto vulneraría el secreto de las comunicaciones y el secreto profesional.

Por su parte, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Carlos Castresana, argumentó que lo único que varía entre la correspondencia ordinaria y la electrónica es el soporte. Asimismo, sostuvo que no se violaba el secreto de las comunicaciones porque no se había intrceptado una comunicación, sino que se había incautado la copia de un mensaje que ya había sido enviado.

Además, argumentaba que es necesario abrir el sobre sellado por el secretario judicial y que contiene el mensaje de correo electrónico para establecer si puede servir de prueba para el caso abierto contra Jesús Gil y su hijo, entre otros. Sólo así, añadía, puede saberse también si se viola el secreto profesional entre abogado y cliente.

Tras la comparecencia y el debate que mantuvieron las pares, el juez Manuel García Castellón decidió posponer la apertura del sobre con el mensaje de correo electrónico hasta aclarar con el secretario judicial cómo y dónde se encontró el documento.

ESTAFA DE 4.000 MILLONES

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil, así como contra otras seis personas más, a quienes acusa de un presunto delito de etafa de más de 4.000 millones de pesetas.

Entre los acusados por este departamento se encuentran, además del propio alcalde de Marbella, el hijo de éste, Miguel Angel Gil Marín; el ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y Enrique Cerezo, socio mayoritario junto a Jesús Gil del Atlético de Madrid Sociedad Deportiva Anónima.

En la querella se denuncia la "grave defraudación de más de 4.000 millones de pesetas que ha producido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en a economía nacional". Asimismo, continúa el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, la presunta estafa "ha causado un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas físicas y jurídicas en un número muy importante".