Según las mismas fuentes, el juez ha autorizado que ambos terrenos se vendan al mejor postor, que además elevó su oferta en 5.000 pesetas más por metro cuadrado.

La venta de los dos terrenos cercanos al Estadio Vicente Calderón fue solicitada por el interventor del Atlético de Madrid, Luis Romassanta Marquínez y el fiscal anticorrupción encargado del caso, Carlos Castresana, se mostró partidario de la iniciativa, a la vsta de las circunstancias y las condiciones descritas por supervisor judicial de las finanzas del Atlético de Madrid.

En un escrito remitido al juez Del Olmo el pasado mes de septiembre, Romassanta explicó que la solicitud de venta de ambos terrenos se debía a que, aunque el Atlético de Madrid finalizó el ejercicio económico 1999-2000 con un beneficio, antes de impuestos, de 598 millones de pesetas, lo cierto es que, "en términos de tesorería, se ha registrado un desequilibrio que impide hacer frente,con los recursos de liquidez y remanente actuales, a los pagos inmimentes".

Ambas parcelas, una de las cuales se ofreció como aval para hacer frente a una deuda que el Atlético de Madrid tiene con Hacienda por valor de unos 500 millones de pesetas, cuentan con una extensión de unos 3.743 metros cuadrados cada una y están valoradas en cerca de 1.700 millones de pesetas.

Según el escrito del interventor, con el dinero que se obtendría con la venta de ambas parcelas, los responsables del Atlético deMadrid liquidarían la deuda con el erario público y emplearían el resto, unos 1.300 millones de pesetas, en hacer frente a los pagos corrientes del club rojiblanco, así como para equilibrar la tesorería de la entidad.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercatil y otros delitos societarios.

El magistrado Juan del Olmo, en sustitución de Manuel García-Castellón, en situación de servicios especiales, instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.