Comas declaró a Servimedia que "la gravedad de los hechos indiciarios justifica sobradamente la medida de suspensión cautelar", ya que entre las faltas que se le imputan figura "uno de los hechos más graves que puede cometer un juez, que es incumplir el deber legal de abstenerse en asuntos que directa o indirectamente tengan que ver con amigos íntimos o familiares".

"Por razones obvias", prosiguió, "esto hace perder la imparcialidad, y en consecuencia se afecta a una garantía constitucional detodos los ciudadanos, el derecho a la tutela efectiva por jueces imparciales".

Asimismo, indicó que "el hecho de que el CGPJ haya actuado con celeridad demuestra en este caso un buen funcionamiento de la Administración de Justicia en el ámbito del control de la actividad de los jueces y magistrados".

Recordó que el periodo máximo de suspensión cautelar es de seis meses, por lo que el máximo órgano de gobierno de los jueces tiene este plazo para resolver el expediente, aunque opinó que lo hará muco antes, "por el bien de los ciudadanos de Marbella y de la propia juez".