Carmona dijoServimedia que el CGPJ "actuó con mucha rapidez" una vez que tuvo conocimiento del robo de los documentos, ya que envió a dos inspectores para que desarrollasen una investigación y entregasen el correspondiente informe a la Comisión Permanente de la institución.

A su juicio, la Audiencia Provincial de Málaga tendrá que actuar contra la persona o personas que llevaron a cabo el hurto de casi 40.000 folios de los juzgados de Marbella. De confirmarse que el robo es obra de un funcionario, podría ser conenado a "uno o cuatro años de prisión, multa de siete a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres a seis años".

Carmona recordó así los supuestos que plantea el Código Penal para los delitos de sustracción, destrucción, inutilización y ocultación de documentos, en el caso de que los cometa un funcionario. En este caso, sería el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial de Málaga quien acogería el proceso.

En cambio, si se prueba la participación o complicidadde algún juez, como sugiere el alcalde de Marbella, Jesús Gil, el trámite judicial tendría lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, el portavoz de JpD calificó de "calumnia" las acusaciones de Gil contra el juez Torres, ya que tiene tanta credibilidad como "si dice que ha venido un gnomo de Groenlandia" a llevarse los documentos.