En un escrito al que tuvo acceso Servimedia, el interventor explica que, aunque el Atlético de Madrid finalizó el ejerccio económico 1999-2000 con un beneficio, antes de impuestos, de 598 millones de pesetas, lo cierto es que, "en términos de tesorería, se ha registrado un desequilibrio que impide hacer frente, con los recursos de liquidez y remanente actuales, a los pagos inmimentes".

El interventor añade también que "el déficit de tesorería previsto [...] demanda una muy urgente solución por importe al menos de 800 millones de pesetas, so pena de que el Club Atlético de Madrid se vea abocado a un desequilibrio finaniero a corto plazo de especial gravedad".

Según fuentes jurídicas, el interventor ha solicitado este permiso tras haber recibido un escrito de Miguel Angel Gil Marín, director general del Atlético de Madrid, en el que se argumenta la conveniencia de aceptar una de las ofertas que ha recibido para vender ambas parcelas, de unos 3.743 metros cuadrados cada una, valoradas en conjunto en unos 1.700 millones de pesetas.

Una de las dos fincas que el Atlético de Madrid desea vender se ofreció en su día omo aval para hacer frente a una serie de pagos del IVA y del IRPF que el club rojiblanco tiene pendientes con Hacienda, por valor de unos 500 millones de pesetas.

Según el escrito del interventor, con el dinero que se obtendría con la venta de ambas parcelas, los responsables del Atlético de Madrid liquidarían la deuda con el erario público y emplearían el resto, unos 1.300 millones de pesetas, en hacer frente a los pagos corrientes del club rojiblanco, así como para equilibrar la tesorería de la entdad.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios.

El magistrado Juan del Olmo, en sustitución de Manuel García-Castellón, en situación de servicios especiales, instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasad 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.