En un escrito de acusación hecho público esta mañana, Castresana acusa a estos tres imputados en el "caso Atlético" de un fraude de unos de 8.000 millones de pesetas a través de varios delitos de apropiación indebida y de falsedad contable.

En su escrito de acusación, el fiscal relata que Jesús Gil y Gil, al poco tiempo de haberse hecho cargo de la Presidencia del Atlético de Marid, en julio de 1987, se comprometió con el Consejo Superior de Deportes a no incrementar el endeudamiento ya existente del club rojiblanco, entre otras cosas.

En los años sucesivos, Gil anticipó algunas cantidades para la adquisición de derechos federativos de jugadores de fútbol de la plantilla del equipo, "anticipos que le permitían presentarse públicamente ante la masa social como financiador altruista del Club y salvador o garante de su subsistencia", dice Castresana. Sin embargo, el dinero le fe devuelto en su integridad con ingresos propios del club.

Además, se elaboraron dos escrituras públicas, una en enero de 1989 y otra en julio de 1990, por las que el club, representado por su vicepresidente, Enrique Cerezo, reconocía a su presidente una deuda por 1.986.945.700 pesetas y se constituía un derecho de prenda a favor de Gil sobre los derechos de adquisición y traspaso de trece jugadores del equipo, poder que luego se extendió sobre los treinta deportistas que componían la plantilla.

El precio de adquisición de los trece jugadores en cuestión, sin embargo, no había sido de 1986 millones de pesetas, importe de la deuda que se reconocía, sino sólo de 1.232", añade el fiscal, quien afirma que el derecho de "prenda" se extendió a los 30 deportistas que componían la plantilla del Atlético de Madrid.

El día de la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva, el 30 de junio de 1992, Gil y Cerezo se hicieron con el 94,5% del capital social, valorado en 1.950.255.200 pesetas, "sinpagar cantidad alguna por las acciones, compensando contablemente el ingreso en metálico a favor del Atlético de Madrid, que debió haberse producido y no tuvo lugar", con el reintegro de los derechos sobre los jugadores.

AUTENTICOS ACCIONISTAS

Castresana sostiene que 3.174 socios del Atlético de Madrid suscribieron y desembolsaron 112.216.000 pesetas, que representaban el 5,5% del capital social del club. "Esas personas se conviertieron así, en virtud de su aportación económica, única verdadera, en os exclusivos accionistas de la naciente sociedad anónima", dice el fiscal, para quien Gil hizo suyo este dinero, que ingresó en una cuenta particular.

El fiscal acusa a Gil del hecho de que el club fuese exonerado, sin razón alguna, de pagos a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social, al Consejo Superior de Deportes y al Banco Hipotecario de España. Además, sostiene que la entidad recibió, sin merecerlo, dinero procedente de la recaudación de las quinielas para la remodelación del estadio Vicente Clderón.

Para ocultar la falta de desembolso del capital social, Jesús Gil y Enrique Cerezo decidieron crear en 1991 una partida contable ficticia, de cuya inclusión en los libros del Atlético de Madrid durante los siete años siguientes (hasta su "desaparición" en 1998) se encargó el hijo del también alcalde de Marbella, Miguel Angel Gil.

"A sabiendas de que los datos no se correspondían con la realidad económica, (Gil y Cerezo) incorporaron tal partida contable a las cuentas anuales depositadas e el Registro Mercantil", dice Castresana.

En su escrito, el fiscal afirma que durante la administración del club deportivo, "que ostentó de manera ilegítima entre junio de 1992 y diciembre de 1997", Jesús Gil y Gil fue apoderándose de cantidades pertenecientes al Atlético de Madrid S.A.D. hasta llegar a adeudar al club, al final de dicho periodo, no menos de 2.700 millones de pesetas".

FALSOS JUGADORES

Para saldar la deuda, él y su hijo otorgaron cuatro contratos por los que Promociones Futbolíticas (Gil padre) cedía al club (Miguel Angel Gil) los derechos económicos y de imagen de cuatro jugadores profesionales de fútbol que, según Castresana, no eran tales y que tasaron en 2.740 millones de pesetas, cuando su valor de mercado era "prácticamente inexistente".

Otras de las maniobras que según el Ministerio Público realizó Gil, junto con su hijo Miguel Angel, consistió en cargar a las arcas del Atlético de Madrid "cuantiosos gastos personales" por valor de más de 130 millones de pesetas. Est dinero, según el fiscal, se destinó a obras de construcción, reforma o mejora de inmuebles, prestación de servicios y "otros conceptos ajenos a la entidad deportiva o su objeto social".

Además, el fiscal cree que, entre julio y octubre de 1999, Jesús Gil y su hijo Miguel Angel hicieron suyos 496 millones de pesetas del Atlético de Madrid. De esa suma, "428.954.000 pesetas correspondían a los ingresos de ventanilla por los abonos de la temporada 1999-2000 y el resto a otros ingresos en efectivo del clb", explica.

Para el fiscal, los hechos descritos son constitutivos de dos delitos de apropiación indebida, uno de ellos con carácter continuado; un delito societario en su modalidad de falsedad contable y otro delito de otorgamiento de contrato simulado.

DELITOS Y PENAS

Castresana sostiene que Jesús Gil es responsable de todos estos delitos, por lo que solicita que sea condenado a 17 años, 6 meses y dos días de prisión. Además, solicita 10 años, 6 meses y tres días de cárcel para Miguel Angel il por presuntas falsedad contable, apropiación indebida y otorgamiento de contrato simulado.

Para Enrique Cerezo, el fiscal solicita que sea condenado a seis años y un día de prisión por los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad contable.

Además, solicita que las 236.729 acciones del Club Altético de Madrid S.A. que poseen Jesús Gil y Enrique Cerezo sean "vendidas en pública subasta y adjudicadas al mejor postor, destinándose el precio obtenido a incorporar el haber social del proio Club Atlético de Madrid S.A.D. como indemnización". Asimismo, pide que estos dos acusados reparen a la entidad con un total de 4.653.383.538 pesetas.

Este caso comenzó el 27 de julio de 1999, cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió admitir a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra Jesús Gil y otras seis personas más por un presunto fraude que la Fiscalía Anticorrupción cifró entoncesen 9.427 millones de pesetas.